El VII Informe de seguimiento al narco paramilitarismo, publicado por INDEPAZ en febrero de 2012,  muestra la persistencia de eventos de esos grupos en los últimos cuatro años, con  áreas continuas de movilidad en 297 municipios y acciones esporádicas en otros 109. Los Rastrojos, Urabeños, Paisas, ERPAC  y Águilas  Negras han agrupado bajo su denominación y redes de alianzas a múltiples unidades que retomaron los negocios de las anteriores organizaciones. Las  zonas de influencia de los Rastrojos llegaron   a toda la región del pacífico  y Costa Caribe hacia las fronteras.

En una oscilante relación, de choque y cooperación con los otros,  se han repartido regiones de la Costa desde Uraba a la Guajira, con los Urabeños y los Paisas. En el oriente, desde el Meta y Guaviare hasta Arauca, Norte de Santander y Vichada, se combinan estructuras de esos grupos – especialmente los Urabeños – con el ERPAC que sucedió al Bloque Centauros.
¿Qué pasó con la política de desmovilizaciones iniciadas en 2005 que no logró impedir la recomposición de los narco paramilitares? ¿Se puede hablar de falsas desmovilizaciones? Sin entrar en la polémica abierta con la orden de captura contra el Alto Comisionado de Paz de la administración Uribe que encabezó las gestiones para el sometimiento de las AUC, el Bloque Central Bolívar y los otros, es un hecho que los criterios y mecanismos aplicados dejaron amplio margen de maniobra a los paras para proceder a una desmovilización parcial y fraudulenta.

El gobierno, con el respaldo de la MAP OEA, se enfocó solo a las estructuras militares con el argumento que con la entrega de armas se debilitaría el andamiaje de negocios y de parapolítica y que desmantelarlos en todas sus redes simultáneamente haría inviable el proceso.
Con ese enfoque se rechazó la propuesta de desmonte de cultivos ilícitos y rutas del narcotráfico a cambio de no extradición  y  se ignoró la exigencia de verdad sobre  la  captura de rentas del Estado y de instituciones a todos los niveles. Incluso en el tema de las armas,  el gobierno y la MAP OEA rechazaron la propuesta presentada por organizaciones de derechos humanos y paz que reclamaron la entrega anticipada de las listas de paras, armas y bienes  a desmovilizar para evitar que se llenaran de falsos miembros y ocultaran el tránsito de mandos medios a estructuras de reserva.

Tampoco se hizo una entrega total de armas y mucho menos de las listas de aliados y cómplices desde empresas y centros del Estado. Todas las advertencias están en documentos entregados en el momento oportuno al gobierno.  Incluso ONGs empresariales como la FIP, dirigida entonces por el hoy Alto Comisionado de Seguridad, advirtió sobre  lo que denominó  el 70/30 que significaba inflar las desmovilizaciones y dejar en la sombra el 30% de las estructuras clave.

Los narco paras han mutado y en el balance hay que anotar la disminución de masacres y de impacto en desplazamiento y otros delitos atroces. Pero en el debe no solo queda la reproducción de esas bandas y de su régimen de terror en centenares de municipios, sino la pretensión de seguir ocultando la verdad sobre las falsas desmovilizaciones y sus nefastas consecuencias.