Con toda razón se ha dicho que una cuota inicial de la paz es la restitución de las tierras a los campesinos que se vieron obligados a abandonarlas  y la realización de una auténtica reforma rural y agraria.

Los argumentos a favor de una política de reparación integral a las comunidades destruidas o fraccionadas por la violencia legalizada  se multiplican con la identificación de los abusos, como lo muestra la denuncia realizada por el Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, sobre la usurpación de tierras con la complicidad de “notarios, registradores de instrumentos públicos, alcaldes, funcionarios del ICA, el antiguo INCORA y del INCODER”.

Las 47.790 hectáreas usurpadas en Urabá  que han sido identificadas son parte de más de 6 millones de hectáreas “adjudicadas ilegalmente en el país”, según la información suministrada este 26 de agosto por el Ministerio de Agricultura. En esos millones de hectáreas se suman tierras despojadas a los campesinos e incluso a medianos y grandes propietarios (ver cifras en www.indepaz.org.co).  Se agregan varios millones de hectáreas de terrenos baldíos tituladas a empresarios, parapolíticos y toda suerte de acaparadores de tierras que en la última década  aprovecharon el ambiente de violencia y la cooptación del Estado por redes de mafiosos y  de negociantes inescrupulosos.

Es emblemático el caso de un gran empresario que se apoderó de más de 30 mil hectáreas en la Orinoquía: mediante resoluciones del INCODER  ampliaron la UAF para permitir legalizar el ilícito y una vez culminada la operación en notaria procedieron a derogarlas.  No se trata solo de criminales comunes y corrientes, pues muchas empresas de renombre en el país han aprovechado el desorden y el paso de títulos de mano a mano para comprar al final de la cadena y aparecer ahora como compradores de buena fe.

Lo que ha destapado el Ministro Restrepo es una olla de profundidad insospechada y una realidad que podría llevar no solo a investigaciones para establecer la verdad del despojo y la usurpación de tierras y bienes, sino a afilar los instrumentos de justicia, restitución y redistribución democrática de la propiedad y uso de la tierra.

La Comisión de la Verdad sobre la tierra y el territorio, de la cual han hablado las Cortes, sería un instrumento útil para el esclareciendo de estos procesos criminales. Y también puede ser la oportunidad para cerrarle el camino a las maniobras de usurpadores legalizados que pretenderán aparecer como “terceros de Buena fe” amparándose en artículos mal formulados de la Ley 1448 o Ley de Víctimas.  Bajo esa figura y la de los contratos de uso o “derechos de superficie” los criminales de notaria pretenderán salirse con la suya.