Camilo González, director del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, afirmó ante un grupo de dirigentes sindicales de la CUT-Bogotá que “la reparación a las víctimas en Colombia no se puede basar en la mentira histórica”.El evento, que tuvo lugar en la sede de Fecode, hace parte de una serie de foros sobre la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, y la Ley de Seguridad Ciudadana, aprobadas hace unos días por el presidente Santos. Recordó que no favorece a la verdad histórica que se parta de 1 de enero de 1985 en el reconocimiento de las víctimas del conflicto dejando por fuera a todas aquellas de los periodos anteriores de violencia.

“Aquí la ley se limita a hablar de una reparación simbólica, seguramente porque también el Estado limita la reparación a la ley de sostenibilidad fiscal, es decir, se va a reparar siempre y cuando el Estado tenga recursos, lo que es una burla a las víctimas”, manifestó.

González hizo un rápido repaso de las seis demandas que hasta el momento han llegado a la Corte Constitucional por parte de varias ONG de Derechos Humanos, incluida una de víctimas de la guerrilla.

“Uno de los puntos más cruciales se relaciona con la caracterización de las víctimas y el periodo en que se comienza la restitución de tierras”, destacó.

Añadió que para los demandantes no es válida la exclusión que se hace con las víctimas  de los narcos y paramilitares ya que esto viola el derecho constitucional a la igualdad.

“La Corte Constitucional ha definido que los grupos paramilitares y narcotraficantes son delincuentes comunes, de manera que si la ley dice que no se tendrán en cuenta los crímenes de este tipo de personas, que han causado el mayor daño a miles de víctimas, quiere decir que estas no tendrán derecho a la reparación”, indicó.

Para el director del Centro de Memoria, es claro que todos estos actores armados, tienen una estrecha relación con la política y actuaron y así actúan en el marco del conflicto.

También se refirió al tema de la restitución de tierras, anotando que no existen en la ley mecanismos reales de compensación pues, de una parte solo se reconoce el terreno como tal, mas no se adjuntan  las casas, vehículos, etc. que fueron objeto del despojo.

Para González, no menos 8.5 millones de hectáreas fueron tomadas  los bandas criminales y no las 6.5 millones de que habla el gobierno.
“Todo apunta a entronizar en este aspecto, el mercado de tierras, ante la posibilidad de que millones de desplazados no puedan regresar a sus terruños o reconocer a propietarios, que de buena fe adquirieron esas propiedades de manos criminales,  las mejoras que hicieron durante los años de despojo”.

El gobierno, ante dicha situación, le recomendará a los legítimos propietarios que el único remedio que tienen es vender, para así configurarse un gran mercado de tierras basado en el despojo.

Terminó afirmando que otro lunar en le ley es que no se reconoce el sujeto colectivo, como en los casos de la Unión Patriótica o de comunidades indígenas enteras, como los Kankuamos, de la Sierra Nevada, que no solo fueron víctimas de homicidios, sino que todo su tejido social, levantado en años, fue destruido, y sobre esto no aparece ningún derecho a la reparación.