En realidad  han sido muchos los discursos que se han escuchado en estos días para conmemorar 20 años de haberse promulgado la Constitución Política que ordena las instituciones en Colombia.

Pero no deja de ser curioso que entre tantas alabanzas y críticas sobresalen las posturas de quienes consideran que la Asamblea Constituyente de 1991 dejó el marco de referencia para la construcción de la democracia y la paz en el siglo XXI y quienes dicen que es una constitución fallida.

La primera línea  divisoria entre defensores y detractores  se reflejó en el acto de firma de la Proclama de renovación del pacto constituyente realizada el 30 de junio en la Plaza de Armas del Palacio de Nariño.  Fue notoria la ausencia del Expresidente Álvaro Uribe Vélez en esa mesa en la que se sentaron el Presidente Santos,  los presidentes de  la Constituyente y de la Corte Constitucional y los expresidentes Betancourt y Gaviria.

La ausencia de Uribe puede tener motivos inmediatos de distinta índole, incluso emergencias con alguno de sus semovientes,  pero en definitiva  es consistente con su postura, en estos días repetida,  sobre la supuesta ilegitimidad de la Asamblea Constituyente y de los excesos de la Constitución en materia de derechos. Uribe ha dicho que los que se dio en realidad en 1990 con la séptima papeleta, el voto promovido por Barco y la sentencia de la Corte otorgándole poderes ilimitados a la Asamblea, fue un golpe de estado o un acto de subversión extrainstitucional inaceptable. Pero además no ha dejado de contraponer su visión de Estado Comunitario a la concepción de Estado Social de Derecho que nos rige. Desde su visión favorable a un Estado Autoritario y neoconservador y su interés de formalizar el poder de sus aliados de curiosa ortografía, ha promovido un ejecutivo más fuerte, mayores ventajas al capital y menor regulación estatal, también la precarización del trabajo, privatización extrema de lo público y restricción a los derechos colectivos y libertades ciudadanas.

En el campo de los detractores de la Constitución de 1991, por el lado de la izquierda más radical, se han pronunciado quienes consideran que en esencia se trata de una Carta neoliberal camuflada por la reiteración de enunciados generales de derechos humanos. También desde este angulo se requiere otra constitución si de lo que se trata es de lograr mayor democracia y justicia social en las próximas décadas.

Pero entre los defensores de la Constitución de 1991 también hay dos discursos.  Por un lado están los discursos del poder que durante estas dos décadas se ha encargado de darle vida  a los mandatos de la Constituyente y lo ha hecho mediante reformas, leyes y otras normas que siempre han significado restricciones en los propósitos de democratización y de equidad.  Y por otro lado se encuentran las posturas de socialdemócratas, liberales sociales, socialcristianos, socialistas  y otros que han resistido sin mayor éxito a las fueras de la contrareforma pero que continúan considerando que la matriz del Estado Social y de la democracia desde la inclusión, sigue teniendo vigencia para la búsqueda de la equidad y de la paz.

Así que la conmemoración del pacto constituyente se hace inevitablemente en medio de la confrontación de dos,  mejor de cuatro, discursos sobre el presente y futuro institucional de Colombia.

Por: Camilo González Posso, Director del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación