El representante del Comité de Familias Víctimas de la Violencia en Córdoba, Mario Montes de  Oca, lanzó fuertes acusaciones sobre el asesinato el pasado el pasado 29 de abril de Martha  Gaibao, vocera del proceso de reubicación de 17 familias desplazadas en el municipio de La  Apartada, sur del departamento de Córdoba.

“Este asesinato hace parte de la política de los grupos narco-paramilitares y de la clase  política local, que están confabulados con estos grupos criminales en toda Colombia. De tal  manera que no es extraño que comiencen una política de exterminio, cuando la ley de víctimas  va a salir aprobada en plenaria del congreso y va a pasar directamente a sanción  Presidencial”, afirmó de manera vehemente Montes de Oca, en la foto de El Heraldo.
“Es obvio que la clase política local, incluyendo alcaldes y concejales, están vinculados  con estas organizaciones criminales y utilizando los asesinatos para exterminar a estos líderes que de manera legal y constitucional vienen reclamando derechos para la gente desprotegida del país”, puntualizó.
El diario El Heraldo de Barranquilla,  conoció que Martha Gaibao, la líder indígena asesinada, llevaba procesos para  defender los derechos de comunidades desplazadas, usurpación y despojo de tierras por causa de la violencia.
Montes de Oca lanzó una fuerte profecía en la que afirma: “en la costa caribe colombiana ya  son alrededor de 15 los líderes en los ultimos meses asesinados y a medida que esta Ley de reparación de víctimas  avanza, van a haber más asesinatos. Es más, no es extraño que haya masacres nuevamente”.
Para el Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, el asesinato de líderes campesinos en el departamento de Córdoba “parece  constituir una forma de presión armada para impedir los procesos de restitución de tierras,  y un acto de intimidación sobre las personas que reclaman el respeto y garantía de su derecho a la tierra”.
Además de condenar el hecho, Pérez pidió a las autoridades adoptar “medidas eficaces de protección” para los voceros de restitución de predios.
Añadió que en su momento, la Defensoría del Pueblo señaló que el caso de las familias  desplazadas en esta parte del país representaba un riesgo por la presencia de grupos armados  ilegales que intimidaban y amenazaban de muerte a los integrantes de Asodeslap, la asociaición de desplzados reclamantes de tierras.
“Frente a esta situación la Defensoría del Pueblo insta a las autoridades competentes a  poner en marcha un programa de protección colectiva y adoptar medidas eficaces contra los  factores de riesgo identificados en esta región del país”, expresó Pérez.
Desde 2002, cuando Organizaciones No Gubernamentales comenzaron a documentar asesinatos de  líderes campesinos que reclaman devolución de tierras, ya son más de 50 los que han caído en el ejercicio de su actividad.