Lo que falta. A propósito de la ley de víctimas

Actualizado (Miércoles, 16 de Febrero de 2011 15:23) Escrito por Administrator Miércoles, 16 de Febrero de 2011 14:45

Por Camilo González Posso, director del Centro de Memoria, paz y Reconciliación

 El proyecto de “ley de víctimas” fue aprobado en la Cámara de Representantes y ahora está en trámite en el Senado de la República. En la comisión de ponentes se han abordado temas importantes que serán el nudo del debate en los próximos meses para buscar una ley efectiva y ajustada a los estándares internacionales sobre derechos de las victimas de conflictos armados y situaciones de violencia generalizada y de sistema como los padecidos en Colombia. La discusión sobre las fechas de referencia para considerar el universo de víctimas parece conducir a un acuerdo en la coalición de gobierno que incluiría a las víctimas desde 1983, cuando a juicio de algunos se intensificó la violencia por el ascenso de los paramilitares y de la guerrilla.

 Los argumentos son insuficientes, pero  si se deja 1983 como punto de partida se podría responder a más del 95% de las víctimas del periodo 1964 - 2010: 5 millones por desplazamiento forzado, 100.000 muertos por el conflicto, 30.000 desaparecidos, 40.000 secuestrados, 5.000 torturados,  90.000 detenidos arbitrariamente, 5.000 víctimas de minas antipersona.

Es claro que ese asunto de fechas es solo el primer punto de una agenda larga. Pero no deja de inquietar que en un artículo se defina terminada la violencia y los conflictos armados cuando se dice que no se incluirán las victimas posteriores  al 31 de diciembre de 2011. Tampoco ayuda que se  excluyan las “víctimas de delincuentes comunes”, pues por sentencias repetidas de la Corte Constitucional los paramilitares y todas los grupos armados afines a ellos no pueden ser considerados “delincuentes políticos”, ni sediciosos y por lo tanto son tipificados como comunes.

Por otro lado, el proyecto ha sido saludado como avance frente al que se hundió en la legislatura pasada en especial por la inclusión del capítulo sobre restitución de tierras despojadas.  En este tema es  importante  cerrar la posibilidad de una discriminación que reduzca el universo de víctimas a quienes han sido objeto de pérdida de la titularidad de su tierra mediante recursos jurídicos que formalizan la propiedad del bien abandonado a un tercero. El reconocimiento como propietarios de pleno derecho sobre el predio abandonado, se debería acompañar de otras normas,  que son escasas en el proyecto de ley, que fortalezcan el retorno o la reubicación y sean parte de una reparación integral.

En estas discusiones pesa mucho la opinión de quienes quieren limitar los derechos con el argumento de la seguridad fiscal. INDEPAZ estimó en 28.000 millones de dólares el costo de un plan de reparación integral y propuso hace tiempo un esquema a 15  años que ligara reparación, inversión  y desarrollo humano.  

Otros cálculos confirman esta cifra y muestran que  la reparación integral, asumida por el Estado con los impuestos de toda la sociedad,  es posible y puede enfocarse como una locomotora de desarrollo.  Pero para que se llegue a esto tiene que pasar mucho en las esferas del poder, comenzando por reconocer que en  la violencia y las guerras de estos 50 años el poder y el Estado han sido corresponsables y que es una falacia decir que la violencia y los conflictos armados han sido obra exclusiva de unos grupos ilegales y unos agentes del Estado medio orates. Orates no han faltado aunque son más los que se hacen los locos.