HACE 19 AÑOS LA ASAMBLEA CONSTITUYENTE APROBO LA ACTUAL CONSTITUCIÓN POLITICA / 4 DE JULIO DE 1991 – 4 DE JULIO DE 2010

Escrito por Camilo González Posso Miércoles, 07 de Julio de 2010 10:23

Iniciativas

“La constitución de 1886 ha muerto, desde ahora rige la Constitución Política de Colombia aprobada en sesión plena de la Asamblea Constituyente de 1991 y por voluntad del pueblo soberano”. Con estos pensamientos culminaron las labores de 74 constituyentes que durante seis meses se reunieron en el Centro Gonzalo Jiménez de Quesada para cumplir un mandato popular.

 

El gran salón del Centro de Convenciones fue transformado en pocas semanas para que allí pudieran trabajar los constituyentes elegidos en diciembre de 1990. Los carpinteros construyeron un auditorio inclinado con mesa en cada curul, salas para la reunión de las comisiones y oficinas para los constituyentes y sus asesores. La solemnidad de los auditorios y del Gonzalo Jiménez vestido de banderas proyectaba la importancia de lo que estaba ocurriendo y las ilusiones de millones de colombianos que respaldaron el pacto de paz para el siglo XXI.

 

TODOS CABIAN

El Presidente de la República al clausurar las sesiones de la Asamblea Constituyente recogió en su discurso los sentimientos de todos los que habían pactado la nueva Constitución Política de Colombia:

“Una de las principales características de la nueva Constitución es que no nació de unas pocas plumas sino de un gran debate democrático en el que participó todo el país: en la propuesta del plebiscito de 1988, en las calles, cuando los estudiantes agitaron el tema de la Séptima Papeleta, en las mesas de trabajo, en la contienda electoral, en medios de comunicación y por supuesto en el seno de esta Asamblea. La Constitución de 1991 no es de nadie en particular. Por eso – como pocas en la historia – es de todos y para todos. …

De este proceso ha nacido una Carta Política. Pero debemos tener muy presente que se ha creado además una democracia participativa. Ahora todos repetimos esa expresión… Estamos frente a una concepción nueva de la democracia (en la que) lo más importante es el poder de cada ciudadano…”

Antonio Navarro Wolff, co Presidente de la Constituyente, hizo su balance años después:

“El 4 de julio de 1991, cuando sancionamos la nueva Constitución de Colombia, en medio de los acordes del Mesías de Handel interpretado por la Orquesta Sinfónica de Colombia, en el salón elíptico del Capitolio Nacional sabíamos que estábamos escribiendo una página duradera en la historia del país.

Un conjunto de condiciones difíciles de alinear habían posibilitado el hecho. El bloqueo de varios intentos de reformas urgentes a la antigua Carta de 1886, la esperanza que despertó la paz firmada por el M-19, la obsolescencia conceptual de una Constitución de más de un siglo, el descuido de la clase política recién elegida al Congreso frente a la convocatoria de la Asamblea Constituyente, el valor de la decisión tomada por la Corte Suprema de Justicia de la época al abrir la posibilidad de un proceso constituyente sin restricciones, la reconciliación de antiguos contrincantes como Álvaro Gómez y las guerrillas desmovilizadas generaron un ambiente que permitió grandeza, generosidad, visión de largo plazo, concertación, trabajo intenso”.

Con ese pacto constituyente se intentó iniciar un nuevo camino para superar medio siglo de violencias y conflictos armados, invitando a la gente a construir un Estado Social de Derecho y una república fundada en el respeto a la dignidad humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas. Para fortalecer la justicia, la equidad, la igualdad, la libertad y la paz, esta Constitución es un llamado a reinventar la democracia desde la participación de todos y con la carta de derechos humanos como primer estandarte.

Tal vez hoy no se capte el sentido de tanta palabra emotiva y es imposible hacerlo si no se recuerda que en esos años anteriores a la Constituyente el país parecía desbaratarse a los ojos de todos y en medio de las bombas y los asesinatos. La guerra de los carteles del narcotráfico había escalado a niveles sin antecedentes. Los paramilitares hacían su entrada en escena en alianza con los narcos y autoridades sin escrúpulo ni ley. Y la guerrilla se multiplicaba.

En la antesala de las elecciones de 1990 fue asesinado el candidato liberal Luis Carlos Galán y junto a él varios de sus seguidores o amigos que llamaban a perseguir a los carteles y a extraditar a los capos. Fueron asesinados, entre otros, el Ministro Rodrigo Lara Bonilla, el ex ministro Low Moutra, el gobernador de Antioquia Antonio Roldán, el general Waldemar Franklin comandante de la policía de Antioquia, la periodista Diana Turbay y el director del diario El Espectador Don Guillermo Cano. Los capos de la mafia dinamitaron edificios en Medellín y Bogotá y desataron una ola de terror que además incluyó bombas en aviones, centros comerciales y en sitios públicos, secuestro de dirigentes políticos o de sus familiares y de conocidos periodistas. Más de sesenta carros bomba explotaron en Medellín y Bogotá. Los sicarios eran recompensados por matar policías cuando llegaban inermes a sus casas al terminar la jornada y la guerra entre carteles significaba centenares de muertos cada semana en las principales capitales de Colombia.

Y a la guerra de los carteles se sumaba la otra guerra, la de la insurgencia y la contrainsurgencia, que tenia nuevos capítulos después del fracaso de las conversaciones intentadas en el gobierno de Belisario Betancur (1982 - 1986). Después de la tragedia provocada en el Palacio de Justicia el M19 llamó a una “guerra contra la oligarquía” y secuestró al dirigente conservador y candidato a la presidencia de la república, Álvaro Gómez Hurtado, para liberarlo a cambio de unos diálogos de paz. La ruptura de la tregua con las FARC se acompañó del genocidio de miles de militantes de la Unión Patriótica y de la reorientación de esa guerrilla para hacerle la guerra al Estado y derrocarlo por las armas.

Y a los intentos de retomar caminos de paz, los sectores más guerreristas, aliados con los narcos y paramilitares, le respondieron asesinando lideres y a los candidatos presidenciales Carlos Pizarro León Gómez que acababa de firmar la paz y Bernardo Jaramillo, dirigente de la UP.

Es en medio de ese ambiente de terror y como reacción a él que emerge desde diversas vertientes el movimiento para reinventarse las instituciones e intentar con una constituyente oponerle un pacto de democracia, paz y esperanza a la violencia y al fracaso de las respuestas de inspiración militarista.

CONSTITUYENTE O CATASTROFE

Ni las constituciones ni las leyes son panaceas para los males de una sociedad o formulas de la convivencia o la felicidad. Pero como definen el funcionamiento del poder y de las instituciones, esas normas son fundamentales para el formación de una nación y dan mayor o menor posibilidad a la paz, la democracia, la justicia y al bienestar. Así ha ocurrido en la historia de Colombia desde la asamblea de delegatarios que aprobó la constitución de 1886 y las constituyentes de 1905, 1910 y 1956 que fueron convocadas en momentos críticos para hacerle reformas importantes y tratar de ponerle punto final a crisis y guerras.

El proceso constituyente de finales del siglo XX fue también una respuesta a la crisis de violencias y conflictos armados que no se podía resolver con las viejas instituciones heredadas del siglo XIX. Desde las épocas del Frente Nacional, que pactaron liberales y conservadores en 1958 para ponerle fin a las guerras de mitad de siglo, quedaron sin resolverse grandes demandas de campesinos obligados a internarse en selvas y montañas para sobrevivir a la violencia o de los millones de desplazados que llegaron a las ciudades huyendo de la muerte entre 1948 y 1964. Con el Frente Nacional se terminó la dictadura y se dejó atrás el régimen policial que encabezó el genocidio después del asesinato de Gaitán y del levantamiento liberal.

Pero el monopolio del poder por el bipartidismo, con la alternación en la presidencia y la paridad en todos los cargos públicos, dejó por fuera a quienes no formaran parte de las maquinarias de los partidos del Frente Nacional y de los señores feudales de la política regional. Y a ese país excluido le tocó soportar décadas de Estado de Sitio y de promesas incumplidas que incluyeron la reforma agraria o la participación social y política de las capas medias urbanas, de los intelectuales o los trabajadores.

Las elecciones de 1970 dejaron un retrato de la crisis del Frente Nacional y marcaron el inicio de otra ola de violencia y guerras en la historia del siglo XX. Las elites bipartidistas resolvieron prolongar a 16 años ese régimen de monopolio político y Estados de Sitio y para hacerlo recurrieron al fraude electoral para desconocer el triunfo en las urnas del General Gustavo Rojas Pinilla. El país se salió de madre y volvió a intensificarse la violencia y el alzamiento guerrillero.

El Presidente Alfonso López Michelsen resumió la situación al final de la década de los setenta con su lema “Constituyente o Catástrofe”, que era evidencia de que la realidad social y política del país no cabía en la camisa de fuerza del Frente Nacional a pesar de todos los remiendos hechos al orden constitucional. Y no se dieron los cambios pero si la catástrofe de décadas de violencia generalizada hasta el proceso constituyente de 1990.

INTENTOS DE PAZ Y PROCESOS PRECONSTITUYENTES

La necesidad de una constituyente para un pacto de paz se fraguó desde el llamado Dialogo Nacional realizado durante la administración Betancur. Sectores del liberalismo volvieron a colocar el tema de una “pequeña constituyente” y otros propusieron una Gran Constituyente, como la denominaron los socialista y la guerrilla del EPL que concurrió al Dialogo realizado en el Capitolio Nacional en 1984. El M19 habló de la necesidad de un Plebiscito hacia la paz y de un Congreso Admirable.

Después del holocausto del Palacio de Justicia y de la ruptura de la tregua entre el gobierno y las FARC, solo pequeños círculos mantuvieron la bandera de una Constituyente de paz; pero el movimiento proconstituyente se volvió multitudinario como respuesta desde la sociedad civil ante la guerra de los carteles y al retomarse el diálogo nacional en febrero de 1989, que llevó a los acuerdos de desmovilización del M19.

En las Mesas de Análisis y Concertación que funcionaron en el Capitolio Nacional como parte del proceso de negociación de paz con el M19 se suscribió un documento que luego fue incorporado en la reforma política tramitada por iniciativa del gobierno de Virgilio Barco. En ese documento firmado el 20 de mayo se estableció “Que la ley de referéndum y una vez modificado el artículo 218 de la Constitución Nacional, incluya la convocatoria a una Asamblea Constituyente de amplia representación política y social”.

El asesinato de Luis Carlos Galán fue el detonante para desatar un amplio movimiento estudiantil, inicialmente incubado en las universidades privadas pero rápidamente extendido a todo el país. La bandera de ese movimiento fue el cambio del viejo régimen y la convocatoria de un plebiscito para abrirle paso a la renovación. El movimiento Salvar a Colombia impulsado por las juventudes galanistas también promovió la necesidad de una constituyente: ….

El gobierno de Barco incluyó en la reforma política presentada al Congreso algunos de los acuerdos de las mesas de concertación y dialogo pero todo el andamiaje se derrumbó cuando los amigos de los grandes carteles de la droga intentaron meter la no extradición en el proyecto de referéndum que pretendía sancionar la reforma. El Congreso había demostrado una vez más su incapacidad para tramitar reformas de fondo y menos acuerdos de paz y esta constatación al cerrar la legislatura de 1989 sirvió de detonador para llamar a votar por una Asamblea Constituyente en las elecciones de marzo de 1990 como un acto de rebelión y por encima de lo establecido desde 1886 que impedía apelar directamente al pueblo.

LA SEPTIMA PAPELETA

Normal 0 21 false false false ES X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 La séptima papeleta Todavía no se ha contado la historia menuda del movimiento que llevó a que millones de colombianos depositaran en las elecciones de marzo de 1990 un voto a favor de la convocatoria de una asamblea constituyente dirigida a instituir la democracia participativa como pacto nacional para la paz. Parte de esa historia se hizo en una mesa del Hotel Continental en Bogotá, cuando con algunos amigos de la revista Debate decidimos proponerle a Carlos Pizarro que ante el hundimiento de piezas claves del pacto firmado con el Gobierno Barco y que figuraban en la fallida reforma constitucional, se llamara a un voto adicional para que los colombianos se pronunciaran por la paz y por una constituyente para la democracia. El primer borrador lo redactamos en una servilleta y los coautores Alberto Caicedo y Adriana Velásquez, conocidos como parte del grupo de los 12 apóstoles delegados por el M 19 para las mesas del diálogo, fueron los encargados de llevarlo a Santo Domingo donde se concentraba la comandancia de esa agrupación a la espera del cumplimiento de compromisos por parte del gobierno y del Congreso para pasar a la desmovilización total. Pizarro dejó en remojo la iniciativa mientras firmaba sin condiciones el acuerdo de incorporación a la civilidad, pero la retomó a finales de febrero de 1990 como parte de su campaña a la Alcaldía de Bogotá. Su lema fue "Constituyente en movimiento". El borrador del Continental se propuso sin mayor eco a la CUT y en diciembre de 1989 fue acogida por los dirigentes de FETRACUN que lo publicaron en su periódico[1]. Pero fue en la Comisión Pro Constituyente que se había integrado desde 1985[2], que se le dio forma al texto que se publicó en el Diario El Espectador con la propuesta a la familia Cano de cambiar su llamamiento al Voto en blanco por la invitación a convocar una Asamblea Constituyente, mediante un "Plebiscito Popular". En la sede de la Democracia Cristiana, con un grupo designado por la Comisión Proconstituyente, redactamos uno de los dos textos que serian divulgados masivamente. Alirio Caicedo y Diego Arango fueron anfitriones y contribuyeron, entre otros, Armando Novoa, el constitucionalista y columnista de El Espectador Santiago Peña, Guillermo Cardona, Jaime Zuluaga Nieto, Jorge Regueros y el General Matallana. A esa cita concurrieron Fernando Carrillo, entonces profesor en la Universidad de los Andes y [3]algunos estudiantes,(Jaime Ortiz entre ellos), quienes manifestaron interés en el tema y reparos a la técnica jurídica del texto propuesto. En la columna del Dr Peña se hizo la presentación en público del voto. Los primeros miles de papeletas se imprimieron en papel verde, con la idea fallida de publicitarlo como el "voto verde". No conocimos la historia íntima del trabajo de redacción en el grupo de estudiantes, ni ellos la han escrito todavía. Es una tarea pendiente de Fabio Villa, Catalina Botero, Ana Maria Ruiz y sus amigos del Congreso Universitario  de 1990. El resultado del trabajo de corrección promovido por Fernado Carrillo, Camilo Ospina y Marcela Monroy no nos sorprendió cuando fue dado a conocer en las Universidades Andes y del Rosario. Un grupo de profesores y estudiantes de esas Universidades, que por lo demás tenían comunicación fluida con Manuel J. Cepeda y otros asesores del equipo del Presidente Barco, le dieron forma al texto que sería divulgado por el diario El Tiempo como la papelera de los estudiantes y que incluyó a la democracia participativa como eje del cambio constitucional. Se habían dado al menos tres procesos, que confluyeron simbólicamente en la sede organizada en el sótano del CINEP, que sirvió ante todo al núcleo de estudiantes que se colocaron a la cabeza de una convocatoria que había adquirido la dimensión de un gran acuerdo nacional resumido en la Séptima Papeleta. Los Jesuitas colaboraron mucho, incluso para pagarle a la imprenta de El Tiempo, con un cheque del Provincial, la impresión de las papeletas que distribuimos el 11 de marzo. Desde la campaña de Pizarro, la gerencia distribuyó otros millones de papeletas acogiendo el texto de los estudiantes. Y los candidatos galanistas, como María Cristina Ocampo, hicieron otro tanto. Fue clave la decisión de El Tiempo de publicar el voto durante varios días invitando a la gente a incluirlo de séptimo, después de las listas de ediles, concejales, Alcalde, diputados, representantes y senadores. De la necesidad de una Asamblea Constituyente se venia hablando al interior de los partidos tradicionales desde finales del Frente Nacional y se insistió con fuerza en el Dialogo Nacional pactado por el M 19 y el EPL con el gobierno de Belisario Betancur; el 20 de mayo de 1989, en los salones del Congreso de la República, en la Mesa de diálogo y concertación sobre asuntos constitucionales, se firmó el pacto para que por la vía de la reforma al artículo 218 de la Constitución se incluyera "la convocatoria a una asamblea constituyente de amplia representación política y social". En ese pacto entregado a los negociadores, aparecen las firmas de Aurelio Iragorri, Presidente del Senado, René Ramos delegado del M 19, Gustavo Gallón, Alirio Caicedo, Diego Uribe Vargas (delegado del Partido Liberal), el General ® Hernando Zuluaga, Otto Ñañez y Camilo González Posso[4]. Pero la idea de tomarse las urnas para una expresión soberana del Pueblo, con un voto extrainstitucional, se concretó en diciembre de 1989, cuando aun se sentía el duelo por Luís Carlos Galán, Guillermo Cano, Jaime Pardo Leal y cuando la influencia de clientelistas y narco políticos llevó al fracaso del Congreso de la República en la tarea de democratizar las instituciones. Los pactos de paz firmados en Santo Domingo, Cauca, cayeron en el parlamento, pero resucitaron por camino imprevisto ese 11 de marzo cuando la Séptima Papeleta estremeció las urnas. 31 de marzo de 2005 [1] En esta actividad contribuyó A. Bustos, Dagoberto Quiroga y Maria Sarmiento de SINTRAIDEMA y Javier Munera Calle de CEUDES. [2]Memoria de la Comisión ProConstituyente conserva Guillermo Carmona y es descrita en el libro del constitucionalista Santiago Peña. [3] Ver El Espectador 2 de febrero de 1990, columna de Santiago Peña, y el testimonio sobre las iniciativas del Comité Proconstituyente formado años atrás  en el libro CONSTITUYENTE PARA PROFANOS, SANTIAGO PEÑA DAZA, Daza Vanegas Editores, Bogotá diciembre de 1990, páginas 374 a381. [4] Conclusiones de la Mesa 3 del Dialogo, mayo de 1989. Incluye el compromiso de promover una Asamblea Constituyente. Es firmado por el Presidente del Congreso de la República, representantes de los partidos, del M19 y de ONGs.

Así surgió en diciembre de 1989 la Papeleta de voto por una Asamblea Constituyente, propuesta primero por el Comité Proconstituyente y los sindicatos afines a los acuerdos de paz y luego en febrero por los sectores universitarios y los medios de comunicación. El 2 de febrero El Espectador acogió el Voto por la Asamblea Constituyente y se sumó a la campaña para que los ciudadanos, sin permiso alguno, lo introdujeran en las urnas dispuestas para las elecciones a realizarse el 11 de marzo de 1990. El 15 de febrero El Tiempo lanzó la Séptima papeleta y de esta manera se volvió visible la convocatoria a un autentico acto de desobediencia civil pacifica liderado por los estudiantes y un gran acuerdo de hecho entre todos los sectores que concurrían al frente común contra la guerra del narcotráfico y para superar la violencia política mediante un nuevo pacto de país.

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DE ASAMBLEA CONSTITUCIONAL A CONSTITUYENTE

Los votos por la Séptima Papeleta no se contaron el 11 de marzo de 1990 pero el hecho político fortaleció la alianza por el cambio constitucional por vías extraordinarias y le dio soporte a la determinación del gobierno de convocar, en ocasión de las elecciones presidenciales programadas para el 20 de mayo, a un pronunciamiento ciudadano a favor de la convocatoria a una Asamblea Constitucional. El 89% de los votantes dijeron si a la asamblea y ello sirvió de base para que el 9 de diciembre se realizará la elección de los 70 constituyentes.

El número de constituyentes, y su forma de elección mediante tarjetas, lo mismo que el periodo de sesiones entre el 8 de enero y el 4 de julio de 1991, fue definido en el Pacto Político suscrito entre el gobierno, el congreso de la república, los partidos liberal, conservador y la Alianza Democrática – M19 que se había formado a raíz de los acuerdos de paz. La Corte Suprema de Justicia declaró constitucional el Decreto de Estado de Sitio que convocaba a la Asamblea y al mismo tiempo definió que ella se daría su temario de manera soberana al emanar del pueblo como constituyente primario. Así se legalizó una revolución pacífica y se le dio vía libre a la Asamblea Constituyente.