Sin negar la importancia de los debates jurídicos y la pertinencia de una legislación especial para la paz, no cabe duda que se necesita al mismo tiempo abordar las preguntas centrales de la estrategia de paz en esta década. Ese es el mayor reto. ¿En que estrategia de paz se ubican las reformas proyectadas, tanto constitucionales como legales? ¿Es compatible con procesos de negociación política con las guerrillas? ¿Incluye medidas de justicia aplicables a políticos, empresas y negociantes que han participado como beneficiarios, financiadores o cómplices de la violencia y acciones en el conflicto armado?