Ley de víctimas pone un nuevo acento al debate sobre verdad, justicia, reparación y paz

Documentos Legales

Miembros de la Mesa de Unidad Nacional con el presidente en el acto de radicación de la ley de víctimas

El Centro de Memoria, Paz y Reconciliación abre sus páginas para que los diferentes sectores de la opinión nacional, tercien en el debate sobre el proyecto de ley de víctimas que ayer 27 radicó el gobierno del presidente Santos en la Cámara de Representantes. En esta ocasión, presentamos una nota del periodista Roberto Romero

En un hecho considerado como trascendental por todos los observadores, el pasado 27 de septiembre el presidente Santos anunció desde la Casa de Nariño, envuelto en una gran ceremonia, la radicación inmediata del proyecto de Ley de Víctimas.

En el acto lo acompañaron el vicepresidente, sus ministros, los presidentes del Senado y la Cámara, así como todos los máximos dirigentes de la Mesa de Unidad Nacional, integrada por los partidos de la coalición de gobierno: el partido de la U, Cambio Radical, el partido conservador y el partido liberal, este último autor de la iniciativa.

El Presidente también se hizo acompañar por unos 300 representantes de sectores sociales, de los cuales 120 eran víctimas de paramilitares, guerrilleros o agentes del Estado, así como de algunas víctimas de hechos de terror de EE.UU., Argentina y Ruanda.
Los partidos de la coalición, tras varias discusiones internas, han anunciado acompañar al ejecutivo en los debates en el Congreso hacia la aprobación de esta ley, antes del próximo 16 de diciembre.

Santos advirtió que, "vengan de donde vengan", las víctimas serán indemnizadas, sin tener que esperar un fallo judicial.
"A todos los voceros de los partidos, ¡muchas gracias!, porque la reparación de las víctimas no puede tener color político", puntualizó. Santos aseguró que de aprobarse la norma, se dará por bien servido en su misión como jefe de Estado. "¡Si sólo hacemos esto, habrá valido la pena para mí ser Presidente de la República!", exclamó.

Por su parte, el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, señaló que "estamos hablando de unos 40 billones de pesos para por lo menos 3 millones de personas", refiriéndose al monto de lo que puede costar la indemnización en un lapso de 15 años.

Un poco de historia

El Congreso de la República, en el primer semestre de 2009, abocó el espinoso tema de la reparación integral de las víctimas del conflicto armado colombiano, que cálculos conservadores estiman en más de cuatro millones de personas.

Solamente los desplazados pasan ya de los tres millones y el pasado 22 de abril se habían inscrito ante las autoridades, con demandas de reparación, 331.604 víctimas.

El proyecto presentado por el partido liberal, obligaba al reconocimiento de las víctimas de agentes del Estado, facilitaba los recursos necesarios para la reparación, agilizaba la acreditación de los afectados ante un sistema establecido por el gobierno e implementaba límites en el tiempo para su reconocimiento como víctimas.

La iniciativa fue presentada por el senador Juan Fernando Cristo, con el apoyo de las bancadas en Senado y Cámara del Partido Liberal, el Polo Democrático, Por el País que Soñamos y algunos sectores independientes.

La propuesta fue aprobada por el Senado y al llegar a la plenaria de la Cámara sufrió modificaciones y se vio enfrentada a otro proyecto de la autoría del representante conservador Jorge Humberto Mantilla.

En la Cámara el proyecto se hundió. Pesaron, ante todo, dos argumentos de la Casa de Nariño: primero, un costo inviable para la reparación económica a las víctimas, que según el ejecutivo, pasaba de los 88 billones de pesos, lo que según el comunicado de prensa de la Casa de Nariño, "crearía un trauma irreparable a las finanzas del Estado, haría imposible la reparación pecuniaria a las víctimas y el texto final no pasaría de ser letra muerta al servicio de una agitación electoral del momento".

El presupuesto nacional para 2009 era de 140 billones de pesos.

Y segundo, el rechazo del presidente Uribe a equiparar a los victimarios de guerrilla y paramilitares con los agentes del Estado, que según rezaba, aparecía en la ponencia ya aprobado en la Cámara Alta.

Según el ex presidente, "de haberse aprobado se le daría un golpe muy grande a la Seguridad Democrática, porque se nivelaba a los soldados y policías de Colombia con los terroristas. Entonces decían: hay que reparar a la víctima del terrorista y del agente del Estado, sin sentencia judicial".

Según el Jefe de Estado, el efecto práctico de esta situación era que en el momento en que un soldado y un policía tuvieran que enfrentar a un terrorista, el soldado y el policía, dirían: "¿Cómo lo enfrento? ¿Saben lo que van a decir con esta nueva ley? Que es que violé los derechos humanos, que le di de baja en un asesinato fuera de combate. Y sin sentencia judicial, van a condenar al Estado a reparar. Y el

Estado va a accionar contra mí, a repetir contra mí".

¿Quedan o no los agentes del Estado inmersos como responsables en la nueva ley de víctimas?

Según El Tiempo de ayer 28 de septiembre," la decisión de reparar a las víctimas sin excepción, implica un giro radical en la actitud que hasta ahora había asumido el Gobierno. En las últimas dos legislaturas, el proyecto había sido descalificado por proponer indemnización para las víctimas de agentes del Estado, situación subsanada en el nuevo proyecto".

Quizá el diario se acoge a un párrafo de la exposición de motivos del nuevo proyecto de ley de víctimas cuando señala que "los beneficiarios son las personas que hayan sufrido menoscabo en sus derechos por violaciones de los Derechos Humanos o del Derecho Internacional Humanitario... Con ello, se pretenden resolver problemáticas sociales derivadas de un periodo prolongado de violencia causada por diferentes actores, tales como los grupos armados ilegales, así como los grupos criminales organizados con una fuerte estructura de poder...". (Sin negrita en el original).

Desde esta óptica, quedarían por fuera los agentes del Estado que violaran derechos humanos, tales como militares y policías en servicio.

Sin embargo, el artículo 21 del proyecto no deja dudas sobre quienes son víctimas. Este señala que "se consideran víctimas, aquellas personas, que individual o colectivamente hayan sufrido menoscabo en sus derechos fundamentales o hayan sufrido lesiones transitorias permanentes que ocasionen algún tipo de discapacidad física, síquica y/o sensorial (visual y/o auditiva), sufrimiento emocional, pérdida de la libertad, reclutamiento forzado de menores, pérdida financiera, desplazamiento forzado, como consecuencia de violaciones manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos o infracciones al Derechos Internacional Humanitario". (Sin negrita en el original).

Esto significa que cualquier víctima que considere que un agente del Estado está involucrado en una violación que contempla el artículo 21, caso de los mal llamados falso positivos donde aparecen involucrados servidores públicos, puede acogerse, y partiendo de la base que los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, existen para todos y hacen parte del llamado bloque de constitucionalidad. Es decir, las leyes internacionales reconocidas por los Estados, por extensión, las contempla la Carta Magna.

En la exposición de motivos, el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, esboza lo que son los derechos humanos, citando, entre otros, a la Corte Constitucional, las Naciones Unidas y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH, después de señalar quiénes son víctimas.

No deja de llamar la atención una cita muy puntual de la CIDH en dicha exposición, que es sin duda, un llamado de atención al pasado gobierno, por interpuesta persona.

"El archivo definitivo en junio de 2009 del proyecto de ley sobre víctimas fue una oportunidad clave perdida. Una ley de esta naturaleza, coherente con estándares internacionales, continúa siendo conveniente como un complemento apropiado al marco de justicia transicional en Colombia". (En negrita en la exposición de motivos).

Tema capital del nuevo proyecto es su conexión con la ley de restitución de tierras reconociendo en ello un factor decisivo de reparación. La ley de víctimas no señala específicamente un articulado al respecto, pero resalta que está en curso el proyecto sobre restitución de tierras que le es afín.

El viejo proyecto no contemplaba semejante relación. Y ayer 28, el ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, en una larga entrevista por RCN TV, señaló la indisoluble unión de los dos temas, contradiciendo públicamente a sus mentores del partido conservador que se resisten a aceptar esta ligazón.

A menos de dos meses del nuevo gobierno, queda abierto el más importante debate nacional: el de la reparación integral a las víctimas del conflicto armado y con ello el tema de la paz en Colombia.

Lo decisivo aquí, es que las voces de las millones de víctimas, sin distinción alguna como dice el presidente, sean escuchadas y puedan libremente participar en este debate que toca profundamente sus vidas. Para que se haga justicia, con verdad y reparación integral.