Los memorables 150 días de la Asamblea Constituyente y un proceso de paz pendiente

Diálogos y Pactos de paz

La Asamblea Nacional Constituyente, proclamó el 4 de julio de 1991  una nueva Carta. Pique sobre la imagen para ver video del acto de celebración el 4 de febrero de 2010 en el Congreso. Foto Centro de Memoria

*El 5 de febrero se cumplieron  20 años del inicio de las deliberaciones de la Asamblea Nacional Constituyente,  que sin duda cambió algunas costumbres políticas y se proclamó el Estado Social de Derecho, sin embargo la paz aún no ha llegado. Hablan para Centro de Memoria los constituyentes Horacio Serpa, Antonio Navarro, Augusto Ramírez Ocampo e Iván Marulanda.

Por Roberto Romero

Y el Salón Boyacá se llenó de constituyentes. No ex, como se referían a ellos algunos periodistas. No. Todos ellos los siguen siendo si nos atenemos a su papel histórico: reformar la obsoleta Constitución de 1886, que pervivió, con todos sus avatares despóticos,  105 años.

Allí estaban,  en la celebración de estos 20 años del inicio del proceso reformatorio de la Carta, los dos presidentes de la memorable Asamblea: Horacio Serpa Uribe y Antonio Navarro Wolf.

El tercero, Álvaro Gómez Hurtado, lo asesinaron en 1995, cuatro  años y 120 días exactos después de firmar el nuevo pacto,  en otra demostración de que pese a los nuevos signos que traía la nueva carta de navegación republicana,  el cruce de violencias seguía surcando el país.

“Fue el presidente que le faltó a Colombia”,  comentó para esta página, Rodrigo Llorente, del Partido Social Conservador y quien reemplazara Misael Pastrana cuando éste decidió no seguir en los debates que cambiarían en algo a Colombia.

De los 53 constituyentes sobrevivientes invitados por Plural, la fundación que persevera por mantener el legado de la Constitución de 1991, encabezada por Augusto Ramírez Ocampo, quien fuera uno de los más activos constituyentes,  y la Cámara de Representantes, asistió una veintena de veteranos.

Algo va de una elección a otra
Setenta fueron los elegidos aquel 9 de diciembre de 1990, en la primera circunscripción nacional electoral de nuestra historia. Pero  con la tasa de abstención más alta de la historia nacional, un 74% de quienes podían votar, no acudió a la cita.

No deja de llamar la atención que en las elecciones de  mayo de 1990, 5´095.631 ciudadanos, es decir, el 89% de los votantes, se pronunciaron a favor de la convocatoria de la Asamblea Constitucional mientras en la escogencia de la misma , siete meses después,  solo acudieran a las urnas, 3. 710. 557 personas.

La fuerza más votada fue el partido liberal con 1.158.000 votos, gracias a la llamada operación avispa que se ideó Alfonso López Michelsen, seguida por la Alianza Democrática M-19, con un millón de votos, el partido conservador de Gómez Hurtado, bautizado como Movimiento de Salvación Nacional,  con 575 mil sufragios, y los conservadores pastranistas bajo el nombre de Partido Social Conservador, con 422.000  papeletas.

Lejos quedó la lista de la Unión Patriótica. Solo alcanzó  95 mil votos después de que Jaime Pardo Leal llegara a obtener,  cinco  años antes, 350 mil boletos como candidato presaidencial. No había duda que el genocidio ya había hecho dolorosa mella en las huestes de ese partido. Para ese entonces, los muertos del joven movimiento pasaban de 2000.

La UP elegiría al presidente de la Comisión Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, el ex canciller de Pastrana, Alfredo Vásquez  y a la dirigente obrera  Aída Abella, quien  se tuvo exiliar tras sufrir un atentado en 1996.

La Asamblea Nacional Constituyente nacía con las huellas frescas de un genocidio sin parangón en la  América Latina del siglo XX. Y que no cesaba mientras la magna reunión proseguía sus deliberaciones.

Las paradojas de la historia
La corporación,  destinada a sellar un nuevo pacto social de paz, la integraban 25 liberales, 19 del la Alianza Democrática  M-19, 20 conservadores en sus dos vertientes, dos cristianos, dos de la UP y dos indígenas.

Es decir, los partidos tradicionales, el liberal y conservador, cobijaban una holgada mayoría con 44 de los 70 escaños.

A los que unieron cuatro  invitados que actuaron solo con voz: Jaime Fajardo Landaeta y Darío Mejía, ambos del Ejército Popular de Liberación, Valentín González , del Partido Revolucionario de los Trabajadores y Alfonso Peña Chepe, del Movimiento Armado Quintín Lame. Todos ellos desmovilizados como los miembros del M-19 encabezados por Navarro y cuyo proceso de paz hizo posible la  elección y conformación del cónclave nacional.

Los otros grupos insurgentes, las FARC ,  el ELN,  y el EPL que no se desmovilizó, integrantes de la Coordinadora Guerrillera Simón Bolívar, no participaron de la jornada democrática ya que el país no pudo presenciar un acuerdo de paz y ni siquiera un  cese de hostilidades con ellos.

Por el contrario, el mismo día de las elecciones de la corporación,  el gobierno de César Gaviria optó por el castigo a los alzados en armas con un implacable  bombardeo  a Casa Verde, sede del secretariado de Marulanda. Para más tarde, el 3 de junio de 1991,  en plena actividad de la Asamblea Nacional Constituyente, volver a encontrarse con sus máximos comandantes en las negociaciones de Caracas a través del ministro de Gobierno, Humberto de la Calle.

Las  paradojas de la historia. Una comisión de la propia Constituyente, integrada por   el liberal Iván Marulanda y el dirigente indígena Lorenzo Muelas, sirvieron de garantes y escoltas a la vez, del traslado de los comandantes de las FARC Alfonso Cano, Iván Márquez y Pablo Catatumbo de las selvas de Colombia a  la capital venezolana. Otro tanto se hizo con Francisco Galán, del ELN y Asdrubal Jiménez, del EPL.

Como se sabe, las conversaciones  que se trasladaron a Tlaxcala, México, se dieron por terminadas abruptamente tras negarse el gobierno de Gaviria a continuarlas tras el secuestro, el 2 de marzo de 1992,  del ex ministro conservador Argelino Durán Quintero y su muerte en cautiverio doce días después a manos  del EPL.

Ya para ese entonces se había promulgado la nueva Constitución, la de los Derechos Humanos, el 4 de  julio de 1991.

¿Hacia una nueva Constitución que sea otro pacto de paz?
El ex presidente Gaviria, el 15 de julio de 1999,  en una disertación sobre lo  que fue la Constituyente de 1991 para un simposio preparatorio de la constituyente de Venezuela  y   siendo secretario general de la OEA, señalaba tres momentos cruciales de la Carta de esta manera: “El debate sobre los aciertos y falencias de la Constitución de 1991 ha sido profundo y permanente. No es este el momento de intentar hacer un balance de los resultados. Sin embargo, parece haber acuerdo sobre tres puntos generales.

Primero, en pocos años se consiguió lo que no se había podido en 100: hacer de la Constitución algo relevante para la vida política y cotidiana de los colombianos. En otras palabras, un texto verdaderamente fundamental y, lo que es más importante, un documento que tiene legitimidad, a pesar de que no ha sido desarrollado en su integridad.

Hoy los jóvenes, los contestatarios, los marginados, todos los que son objeto de alguna forma de discriminación sienten que no tienen que alzarse contra la Constitución para defender sus derechos. Ojalá esa no sea una consideración menor para quienes están aun alzados en armas.

Segundo, las reformas  para depurar la política han logrado su cometido tan sólo parcialmente; de ahí que se esté tratando de avanzar más en este campo.

Tercero, la paz alcanzada fue parcial y la incorporación a la vida civil de otros grupos como la FARC y el ELN pasa por reformas sociales, económicas y políticas”.

No se puede menos que estar de acuerdo con el ex jefe liberal. La Carta de 1991 logró hacer avanzar el país en la institucionalización de los Derechos Humanos, entró a formar parte de la vida nacional la democracia participativa quedando atrás en gran medida, los dictados de la llamada democracia representativa.

La faena histórica de los constituyentes
“En 150 días los constituyentes hicieron una faena histórica: pasar de un Estado de Derecho a un Estado Social de Derecho, de una democracia representativa a una participativa, de derechos sociales”, señaló Augusto Ramírez Ocampo.

Y recalcó, que “la tutela es uno de los logros capitales de la Carta de 1991. En estos 20 años, el pueblo ha interpuesto dos millones de tutelas  en una muestra de la importancia de la reforma constitucional para todos”.

Y como dijera el Representante Navas Talero, a las bondades que trajo la Constitución del 91 hay que anotarle también que no trajo una de las más importantes: acabar con la politiquería y la corrupción que hoy campean por el país.

La Carta, en estas dos décadas, ha sufrido todo tipo de remiendos que desdibujan un tanto sus generosos principios. Veintisiete reformas se le han aplicado afectando 54 artículos.
“Hay que reconocer que sectores  reaccionarios realizan esfuerzos eficientes para erosionarla y echarla atrás, pero la Carta está ahí, conservando sus principios fundamentales”, comentó para Centro de Memoria, el constituyente Iván Marulanda.

Ramírez Ocampo, en su intervención en el acto de conmemoración,  indicó  al respecto que cuatro son las grandes reformas a la Carta que pueden afectar al país y que se están preparando hoy en el Congreso: la ley de regalías del petróleo, la regla fiscal, la eliminación de la Comisión Nacional  de TV y el régimen de impedimentos.

Horacio Serpa fue más allá y señaló para este medio que “hay quienes tomaron  la nueva Carta como un instrumento para descuartizarla y han hecho muchas reformas injustificadas y la peor de ellas la que se refiere a la reelección inmediata del presidente de la República,  pues se rompieron los  diques que pusimos de pesos y contrapesos en el manejo del Estado”.

Y la paz que no llegó
Y sobre la paz que no llegó, como señalaba  el mismo Gaviria, Serpa indicó que “no se logró siendo que fue lo que más inspiró ese ejercicio que hicimos, pero me pregunto qué  hubiera sido del país si  en estos 20  años hubiéramos continuado con el Estado de Sitio, el juzgamiento de los civiles por los militares, sin Fiscalía o Defensoría del Pueblo, sin la tutela. Lo único que justificaría realmente  un nuevo esfuerzo de elaboración de  otra  Carta podría ser una paz cierta,  permanente y duradera para todos los colombianos”.

Por su lado, Navarro expresó al respecto a Centro de Memoria que “se necesita un proceso de paz definitivo,   por supuesto que  son condiciones distintas, pero sin duda  es mucho más inteligente un proceso negociado  que conduzca a una solución política,   en  condiciones que sean razonables de  aceptar, porque la  intención de derrotar a la guerrilla por las armas requerirá de dos o tres generaciones”.

Y añadió que “la presencia de la guerrilla es un hecho  ahistórico y esta debe dar pasos para poner fin al alzamiento y comencemos un nuevo proceso de paz”.

Por su parte,  interrogado Iván Marulanda  si contemplaría un nuevo proceso  hacia otra Constitución ya que pasados 20 años continúa la guerra y una Carta debe conllevar un pacto de paz, declaró que “no me cabe la menor duda, desafortunadamente la no participación de las FARC  y el ELN en la construcción de la Carta del 9 fue un vacio histórico muy lamentable y muy rápidamente hay que resolver    esa distancia, esa ruptura  con esas fuerzas que están al margen de las instituciones.  Habrá que hacer una nueva Carta que interprete la inconformidad de esos sectores,  para que dentro de la democracia, la República y el Estado Social de Derecho,  encontremos un consenso para poder vivir sin matarnos”.