El crimen de Yolanda abrió la ola de atentados para quienes reclaman sus tierras

Conmemoraciones

 

*Hace cuatro años,  un 31 de enero de 2007, sicarios asesinaron en Montería  a esta líder popular que se resistió a dejar  su tierra pese a las amenazas y quien encabezaba a cerca de 800 familias que rerclaman sus minifundios arrebatados por los paramilitares

 

 “Yolanda y Manuel, piérdanse que los van a matar”, le susurró  una voz a la líder de la Organización Popular de Vivienda  en el otro lado de la línea telefónica, aquel 25 de enero de 2007. Yolanda Izquierdo,  quien encabezó, junto con el agricultor Manuel Argel, la fila de víctimas de los paramilitares que hicieron presencia durante las audiencias del ex jefe de las autodefensas Salvatore Mancuso, había denunciado, durante  todo ese  enero,   la existencia de amenazas en su contra, afirmando entre otras cosas que  “el 22 de diciembre, nos informaron que había una orden para matar a la mujer que coordinaba a las víctimas de Funpazcor, o sea a mí”.

Funpazcor , Fundación para la Paz de Córdoba, fue fundada en 1985 por Fidel Castaño, hermano de Carlos. Según las investigaciones oficiales esa entidad ha manejado decenas de millones de pesos  de fondos que han sido utilizados para las cruentas operaciones contra la guerrilla y para la compra y distribución de 12,000 hectáreas a campesinos de Córdoba, santuario del paramilitarismo. 

Según las denuncias, a raíz de esta última advertencia, la Sra. Yolanda Izquierdo se había dirigido los días 25, 26, 29 y 30 de enero de 2007 a la Fiscalía para pedir protección.

El valor de Yolanda, que estaba al frente de cerca de 800 familias a quienes los paramilitares les habían despojado de sus tierras, le impedía abandonar a los suyos.

Según el testimonio del periodista de Semana Álvaro Sierra, publicado el 7 de febrero  de 2007, Yolanda Izquierdo , el día de su muerte, había llorado en   el despacho de una juez de Montería, pidiendo protección, segura de que la iban a matar. Le dijeron que no podían atenderla porque no había luz y que volviera a las 3.

El juzgado –al que iba por segunda vez– era la quinta institución oficial a la que se dirigía desde que ella y otros de sus compañeros fueron amenazados de muerte, a mediados de diciembre. Habían hecho la denuncia en la Fiscalía, la Procuraduría, el DAS y la Defensoría. Organismos que no respondieron a esa primera amenaza. Ni a otras tres que la siguieron.

Yolanda Izquierdo, el 28 de noviembre de 2006, y algunos de sus compañeros volvieron, por primera vez en varios años, a las parcelas de la hacienda Santa Paula que con otras 700 familias campesinas recibieron de manos de Fidel Castaño en 1990, y que se vieron obligados a desalojar bajo amenazas en 2000 y se animaron a reclamar después de la desmovilización de las Auc, tras años de resignación y silencio.

Yolanda Izquierdo fue asesinada el 31 de enero de 2007, cuando acababa de salir a la puerta de su casa ubicada en el barrio Rancho Grande de Montería, con el fin recibir a Francisco Torreglosa, su esposo.

Dos hombres que se transportaban en una motocicleta se les acercaron, cruzaron varias palabras con ellos y luego quien viajaba como “parrillero” disparó contra las dos personas, causando la muerte a Yolanda. Su esposo resultó gravemente herido, tras forcejear con el sicario.

La justicia acusa por ese crimen a Sor Teresa Gómez, hermanastra de los jefes paramilitares Fidel, Carlos y Vicente Castaño Gil. Sin que esté en el banquillo de los acusados la mujer que según la Fiscalía ordenó el crimen, el pasado 15 de enero comenzó  en Bogotá un juicio emblemático por el crimen de Yolanda.

Gómez, nacida como los Castaño en Amalfi (Antioquia), se desmovilizó en el 2006 como un 'para' cualquiera. Pero no lo era, y el expediente dice que coordinó con un jefe de sicarios de las Auc, alias 'Jawi', el asesinato.

Para ese momento, Izquierdo se oponía a la venta obligada de predios con la que los Castaño buscaban evitar que varias fincas, entre ellas 'Las Tangas' (donde nació la primera banda armada de Fidel y Carlos Castaño), terminaran en manos de las víctimas.

Desde el 2006, Sor Teresa Gómez empezó a convocar a campesinos a reuniones en las que prácticamente los obligó a firmar papeles para legalizar la venta de parcelas.
Esa mujer, dice la Fiscalía, "lideró en forma ilícita el despojo de tierras que se estaba haciendo a los parceleros", y estaba "directamente interesada" en sacar del camino a Yolanda Izquierdo.

El rastro de Sor Teresa Gómez se perdió poco después de que se ordenó su captura por el crimen, aunque hay quienes dicen que la han visto con testaferros en Montería. 'Las Tangas', finalmente, fue a parar al Fondo de Reparación.

La Policía Nacional anunció que reforzará la seguridad de los líderes y las organizaciones que reclaman tierras que les fueron arrebatadas por los grupos armados ilegales, especialmente por los paramilitares, a raíz de las amenazas que hay en su contra.
 
Según Codhes, hay unas 370.000 familias de campesinos minifundistas que fueron víctimas del despojo de sus tierras.
 
Aunque no hay un dato preciso, se estima que en Colombia fueron despojadas entre 2 y 6,5 millones de hectáreas por parte de los grupos armados ilegales, tierras que en su mayoría estaban dedicadas a la producción de alimentos, en zonas estratégicas.
 
El número de líderes asesinados de los movimientos que reclaman sus tierras llegó a 44 la semana anterior, cuando se confirmó la muerte de tres campesinos desplazados quienes habían sido desaparecidos a finales del año anterior. Los hechos ocurrieron en el departamento del Tolima.
 
Jorge Rojas, el director de Codhes, declaró a BBC Mundo que "la pregunta es si el gobierno va a tener la capacidad de controlar a los grupos paramilitares".
 
"Esa es la gran pregunta que nos estamos haciendo en estos momentos", concluyó Rojas