La masacre de Segovia, 22 años después el crimen continúa en la impunidad

Conmemoraciones

Los familiares de las 43 víctimas de la masacre de Segovia aun se preguntan cuándo habrá justicia. 22 años después del horror paramilitar que aquel 11 de noviembre dejó tendidas en las calles del pequeño poblado minero del noreste antioqueño, las investigaciones apenas prosiguen.

Declarado como delito de lesa humanidad en buena hora por la Fiscalía, hoy se encuentra detenido el político antioqueño César Pérez García, para que responda como uno de los autores intelectuales del crimen.

Aquel 11 de noviembre, viernes en la noche, cuando los habitantes del municipio se encontraban descansando y todas las cantinas aledañas a la plaza principal se hallaban atiborradas de paisanos, decenas de hombres armados interrumpieron la paz disparando sin contemplaciones ráfagas de metralla.

Con lista en mano, preguntaban a los que aun quedaban con vida dónde se encontraba la próxima víctima.

El piquete paramilitar pasó tranquilamente todos los retenes del ejército apostados a pocos kilómetros del pueblo. Y una veintena de policías se blindó en el cuartel en pleno centro de Segovia sin mover un solo dedo para detener la masacre.

Mientras ocurría la barbarie, Caracol Radio pasó un flash que aun recordamos. "En este momento se presenta un toma de la guerrilla a la Segovia. Los combates continúan, pero nuestras fuerzas armadas preservarán la defensa de las instituciones".

Una noticia que se correspondía con las declaraciones del entonces comandante de la XIV Brigada, general Raúl Rojas Cubillos, que atribuyó el ataque a las Farc y el Eln.

Todo indica que hubo participación activa a partir de apoyo logístico y táctico en la toma paramilitar que abrió el camino al exterminio masivo en una sola acción, de la Unión Patriótica.

El joven movimiento, que nació en 1985, había ganado ampliamente las elecciones en todas las poblaciones del nordeste antioqueño. En marzo de 1988, la UP en Segovia obtuvo 7 de los 13 concejales. Algo similar ocurrió en Amalfi, El Bagre y Remedios.

Veintidós años después y aun cuando inicialmente algunos oficiales fueron destituidos por su participación en los hechos, en materia judicial la norma sigue siendo la completa impunidad. El abogado de las víctimas, Tarcisio Roldán, posteriormente fue asesinado en su apartamento en Bogotá junto a su esposa.

La masacre de Segovia, que el entonces gobernador de Antioquia, Antonio Roldán Betancur, calificara como "la más vergonzosa manifestación de violencia" registrada en el departamento en las últimas décadas, es un caso emblemático de intolerancia, complicidad de las fuerzas del orden e impunidad.