2 de mayo, a ocho años de la masacre, Bojayá aun sigue sumida en la tragedia

Conmemoraciones

Foto tomada de  semana.com

La noticia solo llegó 36 horas más tarde. El crimen cometido a las 10: 45 a.m del 2 de mayo de 2002, solo se divulgó en forma muy parcial. Y cuando se supo la verdadera dimensión del hecho, el país quedó aturdido: 119 personas, entre mujeres, niños y ancianos, murieron calcinados o a merced del fuego cruzado, estando refugiados en la iglesia del poblado cuyo nombre merecía algo más grato: Bellavista.

Los heridos, gran parte de ellos niños, pasaron de cien.

Era la peor masacre de la historia reciente del conflicto armado que vive hace casi medio siglo Colombia. Y cobraba una vez más su cuota de sangre entre la población civil indefensa.

Las Farc, en su desenfrenada carrera por el dominio territorial, no se paró en mientes para desalojar al bloque paramilitar ‘Elmer Cárdenas', en aquella zona del Chocó marcada por la miseria.

En medio del fragor del combate, cerca de medio millar de pobladores no vieron mejor refugio que el templo de sus oraciones. La historia ya se sabe. Varios cilindros bomba cayeron sobre el frágil techo del aposento religioso con los resultados conocidos.

Y lo peor, las graves secuelas para toda la población. Años enteros de zozobra, daños incalculables en su entorno sicosocial, amen del cese de cualquier sueño de progreso tras el ataque.

El proceso de reparación ha sido lentísimo y los culpables condenados no pasan de media docena. A los procesados se les encontró responsables de homicidio y lesiones personales en persona protegida, actos de terrorismo, utilización de medios y métodos de guerra ilícitos, destrucción de bienes culturales y de lugares de culto, destrucción de bienes e instalaciones de carácter sanitario y rebelión.

La responsabilidad sobre la ocurrencia de la masacre también recae entre los miembros del secretariado de las Farc.

Por otro lado, la justicia también condenó a la nación. El Juzgado Primero Administrativo de Quibdó, determinó en dos sentencias que el Estado es responsable de la masacre ocurrida en Bojayá .

Uno de los fallos se refiere al niño Candelario Valencia Palomeque, quien murió a los 7 años y declara a la Nación como "administrativamente responsable" por la muerte del menor y otro habitante de Bojayá, por no haber protegido a la población civil, a pesar de que la Defensoría del Pueblo había emitido una alerta temprana el 24 de abril, ocho días antes de la masacre.

El Defensor del Pueblo de ese entonces, Eduardo Cifuentes, envió una carta en la que advertía que las autodefensas habían anunciado que se estaban desplazando hacia Bojayá y Murindó, en Chocó, para ganar el control de ese territorio que estaban disputando con las Farc.

La carta también fue entregada al comandante de las Fuerzas Armadas, general Fernando Tapias; al ministro del Interior, Armando Estrada; al comandante de la Policía Nacional, general Luis Ernesto Gilibert; al comandante de la cuarta Brigada del Ejército, al comandante de la Policía del Chocó, al gobernador del Chocó y al gerente de la Red de Solidaridad Social.

Por eso la Nación tuvo que pagar más de 1552 millones de pesos como indemnización a los familiares de estas dos víctimas. Los procesos contra la nación siguen pues los reclamos de las restantes 117 víctimas están en curso.

El gobierno también ha tenido que invertir más de 15 millones de dólares para reconstruir la localidad, a la que regresaron sus sobrevivientes solo en 2007, cinco años después de tragedia.

Pasarán todos los años posibles, pero Bojayá jamás será la misma. El dolor de las víctimas, en un poblado de apenas diez mil habitantes, siempre rondará la memoria de todos. Las víctimas de la masacre fueron enterradas en una fosa común a orillas del río Bojayá.

Y el país tendrá que saldar, algún día, esta deuda con sus hermanos más empobrecidos.